Gobierno y liderazgo político tienen la obligación de no verter vinagre sobre la herida infligida a la democracia por la interrupción de las elecciones del domingo, una llaga que requiere urgente curetaje dialogante para evitar que esa infección se propague y llegue a afectar órganos vitales de la anatomía institucional.

Se requiere desmantelar improvisadas carpas desde las cuales curanderos políticos ofrecen remedios elaborados con raíces de incertidumbre y otras pócimas que resultarían altamente perjudiciales para la convivencia social.

Ante el hecho de que fueron suspendidos los comicios municipales del 16 de febrero, lo lógico ha sido la asignación de una nueva fecha para cumplir con ese compromiso constitucional, como manda la ley, y así lo ha dispuesto la Junta Central Electoral (JCE).

La población exige que se realice una profunda investigación técnica, pericial y penal a los fines de determinar fehacientemente las causas de esa interrupción e identificar a quienes por negligencia, inobservancia o ilícito electoral perpetraron esos hechos.

En vez de instaurar una cooperativa de culpas o descréditos mutuos, Gobierno y oposición están compelidos a mostrar elevada voluntad política en la dirección de garantizar orden institucional y de que se sepa qué pasó horas antes y horas después de iniciado el malogrado proceso de votaciones.

Partidos y candidatos deberían ayudar a despejar el camino hacia el 15 de marzo, la fecha escogida para las nuevas elecciones municipales, sobre las cuales la JCE debe esmerarse para ofrecer absoluta garantía de transparencia y de pulcritud en el conteo de votos y divulgación de los resultados.

El derecho constitucional a la protesta pacífica debe ser plenamente garantizado por el Gobierno y el Estado, en el entendido de que contribuye a oxigenar la democracia, por lo que la tutela de esa prerrogativa no debe incluir ningún tipo de represión ni restricción.

Es menester advertir a mansos y cimarrones que golpear la herida infligida por la interrupción de las elecciones puede provocar una hemorragia social que Gobierno ni liderazgo político podrían conjurar, no sin antes de que convulsione la democracia y la economía.