La renuncia de cinco de los siete miembros de la Comisión de Veeduría del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie) porque no le remitían datos sobre acciones emprendidas por esa institución oficial, daña sensiblemente una loable iniciativa encaminada a consolidar la transparencia en el desempeño público.

Las comisiones de veeduría tienen el propósito de que representantes de distintos sectores de la sociedad participen como testigos en la verificación del cumplimiento de formalidades legales en proyectos, programas o cualquier iniciativa del sector público que implique erogación de recursos.

Puede decirse que esa ha sido una iniciativa saludable que promueve certidumbre, confianza en la gestión pública porque previene la comisión de variadas formas de prevaricación, cohecho, privilegio o discrimen en la adjudicación de obras o servicios.

Los comisionados renunciantes alegan que no han sido tomados en serio por en una entidad que tiene a su cargo la adjudicación, control y supervisión del desayuno escolar, cuyo director rehúsa entregarles informaciones sobre casos de intoxicaciones de estudiantes en diversas escuelas y contrataciones irregulares de suplidores de alimentos.

Lo menos que debería hacer el presidente Danilo Medina ante el caso de dimisión de esos veedores, es ordenar que les sean entregados todos los documentos requeridos y que se atienda las recomendaciones que harían en torno a las situaciones definidas como irregulares.

Se resalta que ante los atisbos de indiferencia o de incumplimiento al rol de las veedurías, el mandatario formalizó su rol mediante decreto, por lo que todos los funcionarios están obligados a brindarle todas las facilidades requeridas por los ciudadanos que aceptaron asumir tan valioso rol.

Es menester también que el Gobierno reitere absolutas seguridades de que en todas las dependencias oficiales se cumple cabalmente con la ley de libre acceso a la información, porque se requiere de manera absoluta y categórica que la transparencia se convierte en un bien y activo del Estado y de la sociedad.

El director del Instituto de Bienestar Estudiantil, René Jáquez, con su actitud ha infligido daño a una iniciativa trascendente y relevante como han sido las veedurías, que ayudan a garantizar el buen uso de los fondos públicos. Lo menos que puede hacer es entregar los documentos requeridos a esos veedores.