Estados Unidos ha solicitado a República Dominicana la revisión del tratado de extradición firmado entre ambas naciones hace más de cien años, que ha operado como si el Estado nacional fuera una dependencia jurisdiccional del Departamento de Justicia estadounidense.
La doctora Gisela Cueto, encargada del Departamento de Extradición de la Procuraduría General, ha identificado con buen tino el compromiso mayor en la vigencia de ese tratado al señalar que cuando aquí se renuncia a la persecución de un nacional se espera que Estados Unidos provea justicia.

En el tratamiento dispensado por fiscales, jueces y cortes estadounidenses a expedientes relacionados con imputados extraditados desde República Dominicana se demuestra el escaso interés o voluntad por cumplir con lo estipulado en ese tratado que para las autoridades de ese país nunca ha tenido vocación de reciprocidad.

Justicia y Ministerio Público dominicano han sido respetuosos en el cumplimiento no solo del convenio de extradición firmado en 1909, sino también de convenciones internacionales sobre narcotráfico y crímenes conexos, pero Estados Unidos actúa de manera unilateral en atención solo a sus intereses.

Las autoridades dominicanas no han sido informadas ni tomado en cuenta sus apreciaciones o dictámenes en el curso de expedientes sobre imputados extraditados a cortes estadounidense, con los cuales jueces y fiscales negocian reducción de penas y devolución de bienes a cambio de información.

Imputados de narcotráfico extraditados, que conforme a las leyes dominicanas podrían ser condenados hasta 30 años de prisión, reciben en cortes estadounidenses penas mínimas, devolución de bienes y otras facilidades, sin que la parte dominicana reciba la más mínima información, así sea de confidencias que permitan apresar a otros narcotraficantes o proveedores de drogas.

El Departamento de Estado, que ha solicitado revisar ese convenio, debería estar preparado para aceptar cumplir el principio de reciprocidad, lo que conlleva la obligación de enviar a República Dominicana cada ciudadano de aquel país que requiera la jurisdicción nacional de justicia y a informar al Ministerio Público sobre los acuerdos arribados con narcos extraditados.

Si no fuera posible que David negocie con Goliat la revisión del referido convenio en condiciones dignas, lo mejor sería dejarlo sin efecto a los fines de que el Estado dominicano y su institución judicial se acojan a los convenios internacionales que definen tráfico ilegal de drogas como crimen sin frontera.