Gremios empresariales e instituciones de la sociedad civil que integran el grupo Iniciativa por la Institucionalidad Democrática niegan intención de suplantar poderes públicos y afirman que solo procuran el fortalecimiento de las instituciones del Estado, lo que significa un respiro para quienes creían lo contrario.

Esa iniciativa, liderada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ha puesto énfasis en monitorear la escogencia de los nuevos integrantes de las altas cortes, como promover la aprobación de una ley de partidos, una nueva legislación electoral y un estatuto de transparencia fiscal y presupuestaria.

Se reconoce la prerrogativa de esas organizaciones de hacer reclamaciones a los poderes públicos, ante lo que definen como “incumplimiento de las leyes y la incapacidad estatal para aplicar un régimen de consecuencia a quienes las incumplan”.

También se admite como bueno y válido su criterio de que “ningún país se desarrolla y avanza sin planes futuros y sin una visión de largo alcance”, y de que “la institucionalidad y la democracia son temas muy importantes para dejárselos solo a los partidos políticos”.

Por tratarse de instituciones de elevada influencia económica o social, resulta también legítimo el temor ciudadano de que se extralimite ese tipo de gestión social, al punto que pueda convertirse en una fuente de presión de intereses particulares o grupales.

Satisface saber que los grupos vinculantes reconocen que el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura poseen calidad y autoridad jurídica para aprobar leyes y designar a los miembros de las altas cortes, respectivamente, sin que ningún poder fáctico o mediático intente incidir más de lo debido.

Puestos en balanza, políticos y empresarios representan lo mismo para la Constitución y las leyes, que deben ser los únicos factores incidentes en las tomas de decisiones de orden público, todas las cuales deben corresponderse con la deseada transparencia y en consonancia con el bien común.

Se aplauden todas las iniciativas que propendan a promover institucionalidad o consolidación democrática, pero al mismo tiempo se previene contra cualquier mecanismo de naturaleza económica, social o política que pueda o pretenda suplantar calidades otorgadas por la voluntad popular.