Con una repercusión que ha iluminado toda la región, la chispa de la rebeldía social ha prendido en dos países de Centroamérica y el Caribe. En ambos casos lo importante no son los efectos, sin restarles relevancia, sino las causas por las que nicaragüenses y haitianos han protagonizado candentes movilizaciones en reclamo de reformas políticas.
En Nicaragua el detonante de las protestas, que de abril a la fecha han dejado más de 300 muertos, fue la modificación de la ley de Seguridad Social. Aunque el Gobierno revocó la decisión, la gente, antes que dejar las calles, se atrincheró en demanda de lo que realmente quería: la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Pero Ortega, que concurrió prácticamente sin oposición a las elecciones de 2016 y que ganó con más de un 72%, no está ni en renunciar ni en adelantar las próximas votaciones.
Tal vez nunca se ha creído que el apoteósico porcentaje lo obtuvo por simpatía, pues es lo suficientemente astuto como para no saber discernir entre la ficción y la realidad; pero posiblemente tenía lejos que la Iglesia católica, a la que concedió tantos beneficios, podía hacer causa común con los sectores que se han levantado contra su Gobierno.
Como parte de su transformación ideológica el líder sandinista no solo se casó por la Iglesia con su compañera, la vicepresidenta Rosario Murillo, sino que propició la aprobación de la prohibición del aborto en todos sus causales.
El respaldo del sector empresarial a la demanda del movimiento social ha debido también sorprender al gobernante nicaragüense. Con tal de que le permitieran gobernar, Ortega ha fomentado la impunidad y permitido toda suerte de privilegios a los empresarios. Nada menos que el titular del Tribunal Electoral fue sancionado por Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y otras supuestas prácticas corruptas.
Hasta sus antiguos rivales políticos, como es el caso del expresidente Arnoldo Alemán, a quien también Washington impuso sanciones, los sumó a su causa a base de prebendas. Podía decirse que su poder, ese que hoy se tambalea por la presión de la calle, era prácticamente absoluto.
El caso de Haití no es similar al de Nicaragua, pero se distinguen algunos elementos comunes. Las protestas comenzaron en rechazo al anuncio del aumento de los combustibles en el marco de un pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno, aterrorizado por la dimensión de los disturbios, no tardó en revocar los aumentos.
Sin embargo, las movilizaciones se intensificaron con un paro de transporte y la demanda, encabezada por el sector empresarial, de remoción del gabinete. Así es que la reforma de la seguridad social en Nicaragua y el alza de los combustibles en Haití no fueron más que el detonante de insatisfacciones políticas que latían en ambos pueblos.