El Ministerio de Defensa anunció ayer la cancelación de dos coroneles de la Fuerza Aérea y del Ejército, un teniente de la Policía y un asimilado militar acusados de permitir el aterrizaje en el aeropuerto de La Romana de una avioneta que transportaba un cargamento de cocaína, el 24 de octubre pasado.

No es común que el alto mando militar solicite al Poder Ejecutivo cancelar los nombramientos de oficiales superiores y subalternos por un caso tan delicado como el que se le imputa a los cesanteados, de anular los protocolos de seguridad en esa terminal aérea para facilitar el descenso de un avión con drogas.

Es posible que a esos oficiales y al asimilado militar solo se le impute actuar con negligencia y no como parte de un concierto criminal para introducir a territorio nacional más de 600 kilos de cocaína procedentes de Colombia, pero en cualquier circunstancia se trata de un caso delicado.

Lo que se ha dicho es que el personal militar a cargo de la seguridad de esa terminal violentó su propias normas para que ese aparato cargado de drogas aterrizara y descargara el alijo que traía consigo. ¿Por orden de quién?

¿Acaso los dueños de esa droga tuvieron acceso directo a esos oficiales? ¿Los mandos militares pudieron comprobar que se trató solo de un caso de negligencia? ¿Puede haber complicidad?.

El ministro de Defensa, teniente general Ruben Darío Paulino Sem, informó que los oficiales y el asimilado militar fueron sometidos por ante el Ministerio Público para determinar si deben ser procesados por los hechos que se les imputan, por lo que puede decirse que el mando militar no ha despejado toda la humareda.

Por tratarse de dos coroneles, un teniente y un asimilado militar, las autoridades deberían investigar las vías usadas por el narcotráfico internacional para contactar a oficiales superiores y subalternos a caro de la seguridad de un aeropuerto.

Que personal militar reciba soborno del narcotráfico para permitir el ingreso de 23 sacos de drogas no es ni puede ser un caso de simple policía ni tampoco un expediente que se convierta en secreto de guerra. Se trata de un caso penal y de una situación definida como delicada.