La Sociedad Dominicana de Diarios ha pedido al presidente Danilo Medina que hable o converse directamente con la prensa de manera periódica o frecuente a los fines de que aborde o se someta al escrutinio de los periodistas en torno a temas de interés general.

Ese requerimiento es legítimo porque la misión de los medios de comunicación es informar y orientar a la población, para lo que se requiere que las fuentes oficiales estén abiertas de par en par, incluida lógicamente la oficina presidencial.

El presidente Medina ha dicho que prefiere hablar con los hechos más que con las palabras, una respuesta que no satisface a quienes le sugieren mayor interacción con la prensa, sin dejar de admitir que el mandatario no puede ni debe ejercer el rol de morocota de oro.

La discusión en torno a si el Presidente debe hablar o no con la prensa, luce propicia para plantear que Gobierno, medio de comunicación y periodistas tienen el deber de garantizar la libertad de prensa, de expresión y el derecho del ciudadano a recibir información de calidad.

Esas tres prerrogativas están indisolublemente unidas, de tal manera que una sin las otras no podría subsistir, por lo que se requiere que, además de reclamar que el jefe de Estado interactúe con la prensa, también que la factoría de los medios de comunicación coloquen en el mercado de lectoría o de audiencia informaciones con la menor contaminación posible.

En efecto, el artículo 49 de la Constitución dice: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones por cualquier medio…”, pero también “…tiene derecho a la información”, que incluye “buscar, investigar, difundir, recibir y difundir información de todo tipo.

La Carta Magna enfatiza que esos derechos se ejercerán con respeto “al honor, a la intimidad, a la dignidad y a la moral de las personas”, por lo que consigna también el derecho a réplica y rectificación y pone en mano del periodista el derecho al secreto profesional y a la cláusula de conciencia.

Todo lo anterior sirve para señalar que los medios de comunicación están en deber de reclamar el derecho a disponer de mayor y mejor acceso a las fuentes noticiosas oficiales, incluido la que emana del presidente de la República, pero también en obligación de garantizar prerrogativas ciudadanas relacionadas con la calidad y objetividad de la información.