La Ley de Compras y Contrataciones Públicas fue uno de esos proyectos concebidos para transparentar las operaciones del sector público. Ha dado buenos resultados, pero el hecho de que carezca de un régimen de consecuencias para quienes la violan la torna muy vulnerable. Ese detalle lo sacó a relucir la directora de la entidad, Yokasta Guzmán, al abogar para que la legislación sea de orden público, que implique penalidades para los funcionarios que se saltan los procedimientos.
El planteamiento tal vez fue una manera de responder las intervenciones que se le solicitan frente a concursos que no se ajustan a las normas, algunos declarados de urgencia sin tener ninguna urgencia.
Hay que concordar con Guzmán en cuanto a que las compras públicas tienen un papel fundamental “donde el Estado tiene la obligación no solo de satisfacer las necesidades de las personas, sino de hacerlo con eficacia, objetividad, igualdad, transparencia y honestidad”. Lo malo es que no pueda hacer nada.
El Nacional
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