Es de entender que el presidente Luis Abinader firmó el decreto que declara como organizaciones terroristas a bandas criminales haitianas previa consulta con sus asesores en materia constitucional, penal y procesal, quienes habrían auscultado el Texto Sustantivo y normativas internacionales para conferirle sustento jurídico.

En su comparecencia el jueves ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, el mandatario dijo que tomó tan trascendente decisión “observando un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional” para afrontar la tragedia haitiana, y después de análisis y reuniones con organismos de seguridad nacional de República Dominicana.

En la emisión de ese decreto primó el criterio de preservar la seguridad nacional por encima de interpretaciones de un complicado ensamblaje jurídico, aunque se supone que los asesores presidenciales habrían procurado que el contenido de esa medida congeniara con leyes sustantivas y adjetivas.

El presidente Abinader tiene razón al denunciar el desinterés e incapacidad de la comunidad internacional para conjurar el drama haitiano, como también es incuestionable que esas bandas armadas representan un peligro para la seguridad nacional.

Se admite la dificultad de adecuar ese decreto al ordenamiento jurídico nacional, pero quizás puede vincularse a convenios internacionales que levantaron barreras penales y procesales en la persecución a nivel global de crímenes como terrorismo, trata de personas, trasiego de armas y narcotráfico.

Haití se desangra en profunda anarquía social e institucional e irrefrenable violencia y criminalidad, desolador escenario que eleva el riesgo del desenfreno migratorio hacia República Dominicana, incluido integrantes de grupos vandálicos que huyen de la persecución de autoridades haitianas.

Al Tribunal Constitucional le correspondería estatuir sobre la conformidad o no con la Carta Magna que pueda tener esa declaratoria como grupos terroristas a las bandas armadas haitianas, pero el Presidente se ha cobijado bajo “leyes antiterroristas del país”, para advertir que se actuara “con toda severidad”, en caso de que atenten contra la seguridad interna del Estado.