Santo Domingo.– La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), identificó múltiples violaciones legales y administrativas en tres procesos de licitación realizados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en 2024.

Según el informe oficial, los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008 (polos y pantalones), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos) presentan indicios de conflictos de interés, colusión entre oferentes y manipulación administrativa que comprometen la legalidad y transparencia de las adjudicaciones.

La investigación incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental exhaustiva y solicitudes de información a diversas entidades públicas. Entre los hallazgos más relevantes figuran:

Flexibilización indebida de criterios de evaluación.
Omisión de documentos y firmas obligatorias.
Participación irregular de empresas descalificadas.
Deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones.
Modificaciones no justificadas en informes periciales.

El informe también señala posibles actos de colusión entre empresas participantes, sustentados en vínculos societarios y personales entre sus representantes, así como un patrón de comportamiento que sugiere coordinación previa para influir en los resultados de los concursos.

La DGCP confirmó que más de 200 contratos adjudicados en estos procesos presentan irregularidades. De forma preliminar, se han invalidado 98 contratos de zapatos y 103 de mochilas, mientras se revisan las adjudicaciones restantes de polos y pantalones.

El expediente fue remitido a la Procuraduría General de la República, al tiempo que se notificó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) por posibles infracciones a los principios de libre competencia y equidad.

Durante la investigación se detectaron además inconsistencias graves entre los informes técnicos preliminares y definitivos, así como indicios de falsificación de documentos y sustitución de reportes sin justificación, en perjuicio de otros oferentes.

La DGCP reiteró que mantiene suspendidos pagos y contratos relacionados hasta que concluyan las investigaciones y se emitan decisiones definitivas sobre la validez de los procedimientos.