El gobierno tomó la importante iniciativa de hacer el primer censo nacional de bienes inmuebles del Estado y conocer su cantidad y ubicación para asegurar adecuada gestión y protección de los mismos. Esta acción iniciada en junio del 2023 ya ha identificado más de 40,000 bienes estatales, 233 parcelas y cerca de 3 millones de tareas en distintas provincias.

El Patrimonio Estatal es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, tangibles e intangibles, que pertenecen al Estado, tales como: inmuebles, muebles, recursos naturales, derechos, financieros, cultural. Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader manifestó que se ha avanzado en la regulación de terrenos en busca de garantizar seguridad jurídica a miles de familias. Indicó que hasta la fecha han sido entregados 117,000 títulos de propiedad que benefician a más de 463,000 personas y en el proyecto de titulación del Ingenio Esperanza, se han otorgado 819 títulos.

Además, indicó que mediante el Decreto 35-21 se creó la Autonomía Financiera de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTEC), para facilitar y agilizar este proceso. Se reorganizaron oficinas para mejorar la atención ciudadana y se ejecutan cuatro nuevas edificaciones en Santiago, Barahona, La Vega y Bonao. Indicó que hubo una reducción significativa de costos operativos y administrativos, hasta de un 80 % en los pagos por renta mensual.

Se implementaron estrategias para sanear y fortalecer la gestión financiera y se pagaron préstamos de gestiones pasadas, incentivos a colonos por sequía, manejo de materiales y suministros y gestión de bienes, muebles, inmuebles e intangibles. Se eliminó la venta ilegal de terrenos y se recuperaron más de 30,000 tareas de terrenos estatales para proyectos estratégicos. En cuanto a la recuperación del patrimonio estatal, se ha implementado un sistema de gestión que permite conocer en tiempo real la ubicación y valor de los bienes del Estado.

Estas iniciativas han permitido fortalecer la confianza en las instituciones públicas, eliminar prácticas burocráticas que retrasaban el desarrollo y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.