Desde el momento en que el presidente electo Luis Abinader me designó ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reaccionamos con un mensaje claro y contundente: nuestro norte es y será la Constitución y las leyes; para entre todos trabajar por una efectiva gestión ambiental y juntos lograr un mejor país, por el bien del presente y futuro de las generaciones de la República Dominicana.

De las palabras hemos pasado a los hechos. En siete meses, el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho más de 121 sometimientos a la justicia a distintas personas acusadas de cometer diversos delitos ambientales en el país, tales como recuperación de áreas protegidas, desmontes de árboles de diferentes especies; extracción ilegal de materiales de las cuencas de los ríos e incendios forestales, y tráfico ilegal de aves y animales.

El peso de la ley y la Constitución han caído ante violaciones de permisos o de permisos vencidos; contaminación de ríos por el vertido de desechos, así como por pesca ilegal, hornos de carbón, contaminación por ruido y por desechos sólidos.

A este esfuerzo ministerial se ha sumado el formidable trabajo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el cual ha reportado y actuado en consecuencia, aplicando la ley 64-00, con una eficiencia y transparencia nunca vista en la historia reciente.

Somos conscientes de que la velocidad de las expectativas ciudadanas ante las innumerables violaciones al medio ambiente superan la realidad, porque como administradores temporales de la ley 64-00, actuamos conforme al criterio de prioridad, siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo será siempre someter a todo aquel que cometa ilícitos contra el medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas de la República Dominicana, sin importar su origen, posición social o política, e incluso partidaria.

Una cosa es clara: lo posible y lo que aplica es el debido proceso. En el fragor de la opinión pública, indignada por años ante los abusos cometidos, las denuncias realizadas sin consecuencias y el silencio de las autoridades pasadas cuando el medio ambiente pedía a gritos justicia, ha sido una olla a presión que hoy tiene por efecto la demanda inmediata de resultados a las violaciones a la ley y el castigo a los culpables. Hoy existe voluntad genuina, solo que no siempre será en el tiempo o la forma que algunos esperan.

El presidente Luis Abinader siempre ha manifestado, desde los tiempos en que era candidato presidencial, cuán diferente sería la República Dominicana si se aplicaran las leyes existentes, si se respetara la Constitución de forma integral y se ejecutara el régimen de consecuencias que el marco jurídico establece.

Es ese futuro institucional y democrático el que ya estamos construyendo, de la mano de la transparencia, el debido proceso, la eficiencia y liberados por fin del arraigo histórico de la corrupción.

Por: Orlando Jorge Mera

orlandojorgemera@yahoo.com