Una estructura estatal como la que ha conformado el PLD y, en particular, el presidente, no responde a parámetros democráticos. Jamás puede considerarse como tal que un solo poder, un solo interés partidario, controle todos los órganos del Estado, aniquilando el imprescindible contrapeso de poderes como antídoto para un ejercicio despótico y abusivo de cualquiera de ellos.

El propio presidente, cuando una realidad parecida le era adversa, alertó del peligro que representa para la democracia el dominio apabullante de una fuerza política sobre los poderes públicos. Que conste, cuando el primer mandatario hizo la advertencia, el asunto se reducía al predominio del PRD sobre el senado. Hoy, la situación se ha acentuado hasta grados inverosímiles que dejan poco espacio para hacer realidad el valor de la diversidad.

Son múltiples las expresiones que ha tenido ese dominio peledeísta sobre la institucionalidad. El cáncer de la corrupción administrativa está influido por ese fenómeno, ya que los funcionarios se perciben protegidos hasta la inmunidad ante un escenario de aliados incondicionales en todos los estamentos que tendrían alguna incidencia en el ejercicio de acciones en su contra.

En el plano político también se ha manifestado con un conjunto de decisiones en el ámbito electoral que favorecen al partido gobernante, lo cual adquirió su máxima expresión en la decisión del tribunal superior electoral que motivó el inobjetable voto disidente de su presidente.

Siendo así, es previsible que un nuevo período de los actuales detentadores del poder ejecutivo radicalizaría el proceso hegemónico sobre el aparato institucional, asestándole un golpe demoledor a la oportunidad de fortalecer una democracia que tanto lo precisa como la nuestra. El poder absoluto es antítesis de la democracia porque estimula el ejercicio ilimitado y desenfrenado de las prerrogativas legales, las cuales tienden a ser desdeñadas por quienes sienten que pueden actuar sin mayores riesgos.

Es por eso que el mal mayor que se presenta en la actual coyuntura electoral es la posibilidad de afianzar un proceso de control antidemocrático de parte de una entidad partidaria sobre la casi totalidad del poder público nacional. Puede estarse en desacuerdo con el nombre, o no gustar la expresión, pero nadie puede negar los visos dictatoriales que algo así implica.

Evitar eso debe ser objetivo primordial de quien ame la democracia y de quien pretenda encauzar un proyecto alternativo a un sistema político agotado como el nuestro. De eso no lograrse, lo demás será una quimera.