El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) proclamó anoche que los resultados de las votaciones del 15 de mayo fueron la expresión genuina de la voluntad de la ciudadanía que ejerció el sufragio, aunque formuló la grave denuncia de que huno intentos reales de hacer colapsar las elecciones.
En un discurso por televisión, el doctor Roberto Rosario Márquez reveló que “algunas mentes muy creativas” daban como un hecho que a las tres de la tarde sería necesario interrumpir el proceso de votación, y afirmó que nunca como en esta ocasión se había visto tan amenazada la integridad de un proceso electoral.
Aun en conocimiento de algunos tropiezos organizativos, la población no tenía noticia de que se fraguaba contra las elecciones una trama de la magnitud del complot descrito por el titular de la JCE, por lo que no se entiende por qué sus autores no han sido identificados y sometidos a la justicia.
Rosario Márquez dijo que muchos de los contendientes no se prepararon para participar en una competencia democrática, sino que “jugaron al caos y al desorden, a impedir que hubiera resultado cierto y a tiempo”, lo que indica que mientras los ciudadanos ejercían su derecho al voto, la democracia estuvo sobre el filo de la navaja
En su informe sobre el proceso de montaje y realización de los comicios, el presidente de la JCE se refirió a diversos incidentes que afloraron antes, durante y después de las votaciones, pero lo más resaltante en esa alocución ha sido su afirmación de que “hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones”.
Por tan grave señalamiento, se puede colegir que en algún momento el proceso electoral pudo haber corrido la misma suerte que lo acaecido con las elecciones de Haití, que fueron suspendidas por la ocurrencia de graves irregularidades, lo que causó un vacío institucional todavía sin resolver.
Por la propia salud de la democracia dominicana, la denuncia formulada por el doctor Rosario Márquez, de que hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones, debería ser remitida a los tribunales de la República, en el entendido de que nadie puede ni debe estar por encima de la ley.
El presidente de la JCE ha formulado una denuncia gravísima, pero inconclusa, por lo que está compelido a ofrecer al Ministerio Público las evidencias que dice poseer de que hubo un intento por interrumpir el proceso de votación, así como revelar nombres de personas o partidos que intentaron imponer caos y desorden.