Al admitir que la salud mental ha sido relegada durante muchos años en República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, admite que la negación de ese derecho ciudadano se refleja hoy en tragedias como los casos de padres y tutores que han asesinado a sus hijos.

Al comentar el trágico suceso de una madre que envenenó a sus tres hijos y se suicidó con la misma sustancia letal, dijo que la problemática de la salud mental representa también un tema de seguridad ciudadana, de protección a la niñez y de los sectores más vulnerables.

Que una madre envenene a sus tres hijos y se suicide, un padre ahorque a su vástago de dos años y se quite la vida, que una pareja de tutores mate a golpes a una niña de siete años, y otro progenitor le quite la vida a su hijo de un año y medio, son señales ominosas de que algo anda mal en materia de salud mental.

La ministra Raful ha descrito con objetividad el escenario nacional de denegación de un derecho inalienable como el de acceder a consulta o tratamiento psiquiátrico proporcionado de manera gratuita por el Estado, amparado en el diseño de políticas que promuevan sanidad mental de la población.

En ese sentido la funcionaria expuso que esas iniciativas oficiales requieren mayor inversión en recursos económicos, tecnología y de profesionales calificados, por lo que la respuesta estatal debería centrarse en la prevención que evite desgracias como las acaecidas en las últimas semanas.

En el sistema público de salud no opera ningún hospital psiquiátrico de referencia ni políticas coordinadas para tutelar la salud mental de la población, tanto así que se cuentan por centenares o miles los ciudadanos que padecen algún trastorno conductual, sin posibilidad de recibir asistencia profesional.

No se perciben las “iniciativas articuladas con diversas instituciones” que encamina el Gobierno para afrontar el deterioro de la salud mental, que refiere la ministra Raful, aunque tiene razón al señalar que se requiere de un mayor respaldo presupuestario y de una visión integral del drama que incluya salud mental y seguridad ciudadana.

Por el número de progenitores o tutores que asesinan a sus hijos, auge de los feminicidios y por la violencia ciudadana y de propias autoridades que aflora en cualquier parte, se consolida la impresión de que aquí literalmente la gente está enloqueciendo, lo que requiere la más rápida intervención estatal en la coordinación de políticas públicas de prevención y control de la salud mental.