A pesar de lo erróneo, todavía subyace en el interior de algunos buscadores de empleos, en la administración pública, el supuesto derecho adquirido de trabajar en una institución del Estado.

Recuerdo, perfectamente, que el concepto derecho adquirido comencé a escucharlo y, al mismo tiempo a asimilarlo, en la década de 1970, cuando la ayuda de un dirigente del Partido Reformista, a sabiendas de que no pertenecía a esa organización, hizo que me contrataran en la ya desaparecida Industria Nacional del Papel.

Era un término común, repetido constantemente por los sindicalistas dentro y fuera de las asambleas que celebraban con los trabajadores; y más cuando hablaban acerca de los pactos o convenios colectivos.

Lo cierto es que no resulta asunto de ahora la creencia generalizada, entre la inmensa mayoría de los militantes, miembros o activistas de las organizaciones políticas, sentirse con todo el derecho adquirido de cobrar o trabajar en una institución pública. (Lamentablemente, existen muchos otros quienes consideran que, por obligación, hay que buscarles y darles lo suyo, refiriéndose a lo que en nuestro país se conoce como botella, que es cobrar sin trabajar; y, por cierto, con buenos ingresos y pocos esfuerzos).

Eso es correcto. De ese modo actúan, bajo el entendido de que el triunfo obtenido por parte de su organización política, sin importarle para nada el que tengan o no la preparación suficiente para desempeñar un cargo en el cual, según sus criterios, entienden y, más que eso, exigen, ser nombrados ipso facto.

Aunque usted no lo crea, así piensan muchos dominicanos y dominicanas; quienes por razones meramente políticas se sienten con todo el derecho (y el ministro o director general en la obligación, según ellos) de llegar, señalar y ocupar un puesto en la administración pública como recompensa inicial o pago final de lo aportado en los procesos electorales.

Desafortunadamente, esa convicción, ligera por demás, ha persistido por décadas entre quienes se han retroalimentado, por así llamarlo, de dos enfermedades típicas o endémicas, las cuales suelen permanecer adheridas a nuestro sistema de gobierno, ellas son: el populismo y el amiguismo.

En definitiva, todo lo antes expresado se convierte en una situación difícil, no sólo para las instituciones gubernamentales, ahora, en tiempo que se habla de adecentamiento, de profesionalización y de nueva gestión pública; sino, además, para el nuevo gobernante recién llegado al Palacio Nacional, quien en todo momento ha levantado las banderas de la ética y la transparencia.