El Movimiento Vida sin Violencia, MOVIDA, funciona en Santiago desde 1994, conformado por cerca de veinte organizaciones e instituciones del poder nacional y local, en esta ciudad.

La semana pasada, organizaciones que lo conforman, incluyendo al Ministerio de la Mujer, se representaron en una manifestación de apoyo al desacato de la Procuradora Fiscal, a la Resolución No. 939 del juez Gabriel Marchena Adames, que dejó en libertad bajo fianza a Pedro Luis Báez Sánchez, de 49 años, asesino de Gleiry María Muñoz Báez, de 25 años.

En reunión con la prensa, se entregó un documento a la Magistrada Josefina Disla, máxima autoridad de la judicatura en esta ciudad, a la Procuradora Fiscal y al propio Juez Marchena en sus manos, posicionando la acción tomada.

La decisión del juez Marchena, ignorando escenarios, causas y consecuencias, demuestra la poca comprensión del feminicidio y violencias de género contra las mujeres, incluyendo la invisibilización de tres menores encerrados mientras su madre era asesinada que sintieron miedo, impotencia y hoy hablan de suicidarse para ir al cielo con su madre.

El imputado después del crimen, llamó a un amigo taxista refiriéndole que había matado a una mujer, este a su vez, llamó a la policía que lo arrestó en flagrante delito -no hay que presumir la inocencia- en el mismo lugar del hecho, donde también se recogió el puñal de ocho pulgadas que el feminicida clavó certeramente en el segundo espacio intercostal, de arriba para abajo, a una profundidad de diez centímetros y directo en el corazón.

La tasa elevada de feminicidios 95 casos de enero a hoy- con una media de más de doscientos al año, es más que una referencia para que la medida de coerción aplicada a imputados por feminicidio, sea siempre de privación de libertad, más cuando el crimen es flagrante y no deja lugar a dudas.

Como ONGs y como institución encargada de las políticas de género en el país, caso del Ministerio de la Mujer, las manifestantes de Santiago, protegieron a las víctimas, sobrevivientes o no, frente a la ley siempre respetada, y frente a la desconsideración burda de una sentencia superficial y sin fundamento como la de marras, reclama la consideración del bien jurídico en los casos de violencia de género contra la mujer.

La Constitución condena la violencia contra la mujer y ordena al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. También declara del más alto interés nacional todo tipo de maltrato, forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica contra menores de edad.

Entonces, el juez Marchena desacató la Constitución y el pueblo, escandalizado, desobedece su desacato.