La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, todavía no ha aclarado la muerte de dos venduteros en Capotillo durante un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en octubre de 2018 en el sector.
La magistrada tampoco ha concluido la investigación sobre el supuesto escándalo de corrupción con una licitación para la compra de productos para enfrentar el coronavirus en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
Los dos casos aumentan las presiones sobre la pesquisa anunciada por la magistrada con relación a la denuncia del empresario William Henríquez en el sentido de que fue extorsionado con 2.6 millones de pesos por el funcionario de Indotel José Amado Pérez durante la instalación de la primera etapa del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 911.
En cada caso su imagen está en juego.
El Nacional
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