El asesinato a balazos del alcalde de Santo Domingo Este, cuyo homicida también ultimó a un guardaespaldas y se suicidó, reanuda el debate sobre la necesidad de imponer por ley un desarme de la población y restringir importaciones y permiso de porte de armas de fuego.

Todavía impactados por esa tragedia, la sociedad y su liderazgo político buscan afanosamente fórmulas para frenar la espiral de violencia irracional que ha vuelto a resurgir en la temporada navideña que antes eran tiempos óptimos para promover paz y convivencia.

El presidente Danilo Medina, al reflexionar sobre la intempestiva muerte de su amigo Juan de los Santos, dijo que se están viviendo momentos en los que los valores humanos no están siendo tomados en cuenta y que por cualquier tontería la gente quiere apelar a la violencia y eliminar vidas.

Por su lado, el expresidente Leonel Fernández cree que la tragedia acaecida obliga a repensar en el país el tema del desarme de la población civil y sugirió no otorgar más permisos para portar armas o evaluar casos específicos, porque ante cualquier conflicto, incluso un hecho simple, alguien saca una pistola y mata.

Es claro que el auge de la violencia está conectado con la proliferación indiscriminada de armas en manos de la población, pero también en un generalizado ánimo público de desprecio a la vida ajena, lo que ha convertido en casos cotidianos que “alguien saca un arma y mata”.

El ministro de Interior, José Ramón Fadul, ha revelado que al país ingresan furgones repletos de armas de fuego y se admite también que prevalece un activo contrabando por la frontera de pistolas, revólveres y metralletas, lo que hace suponer que el porte o trasiego de armas duplica los permisos oficiales de porte y tenencia.

Se requiere, pues, modificar la ley para restringir los permisos para portar o poseer un arma de fuego y aplicar efectivos programas de desarme y confiscación de porte o tenencia ilegal, si de verdad se procura reducir la violencia irracional, criminalidad y delincuencia; debería apostarse a la ejecución de un programa integral que también ayude a reducir el inusitado ímpetu homicida del ciudadano.

Un programa de desarme o de restricción de permisos para porte de armas de fuego, debería estar acompañado de otra campaña que promueva valores de paz y convivencia, así como de un plan para proveer a la población de mecanismos institucionales de resolución de conflictos para evitar que por cualquier tontería la sangre llegue al río.