Desorden total

Más de dos millones de vehículos de motor ruedan por calles, avenidas y autopistas de la República sin el correspondiente seguro obligatorio de ley que pueda indemnizar a víctimas de accidentes de tránsito que causan muerte, heridas o provocan daños a la propiedad, situación insólita que describe un escenario de desorden total.

De cada cien automóviles, camiones, furgonetas, patanas, motocicletas o remolques inscritos en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), apenas 34 poseen póliza de seguro al día, lo que significa que en caso de accidentes, el Estado o los particulares deben cubrir los costos de hospitalización o pago de prestaciones por daños infligidos.
La ley sobre Seguro y Fianza define como obligatorio el seguro para vehículo, incluido los pertenecientes a instituciones oficiales, gran parte de los cuales transitan sin esa documentación, lo mismo que autobuses y minibuses del transporte público, por lo que puede decirse que la ciudadanía debe encomendarse a Dios para que la libre de sufrir un accidente de tránsito.
La Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores reveló que de los tres millones 215 mil 773 vehículos registrados al 31 de diciembre, solo un millón, 109 mil 400 disponían de seguros contra accidentes, lo que ofrece una idea del elevado nivel de anarquía y desorden que prevalece en el sistema donde transitan miles de guaguas, patanas, carros y motocicletas sin estar provisto de ese documento.

Difícil es entender por qué la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) actúa con tan denodada negligencia ante los conductores de vehículos públicos, privados u oficiales que transitan sin su correspondiente póliza de seguro, a pesar de que la ley claramente prohíbe la circulación sin ese requisito.

Las consecuencias de los accidentes que causan vehículos sin marbete de seguro corren por cuenta del Estado, que es lo mismo que decir del dinero de los contribuyentes que deben costear hospitalización, medicina y ausentismo laboral de las personas que sufren golpes y heridas en accidentes de tránsito.

No se hable de orden ni de organización social en un país por donde transitan más de dos millones de vehículos sin estar provistos del seguro obligatorio de ley, que incluye a miles de chatarras sin ningún tipo de señal, lo que convierte al asfaltado nacional en zona de peligro mayor para conductores, pasajeros y transeúntes.

Lo menos que se reclama es que las autoridades obliguen a los conductores en defecto o al propio gobierno a proveer a todos los vehículos del correspondiente seguro de ley, toda vez que el escenario actual está matizado por la vergüenza y la indignación.