Cuando se habla de privatizar de nuevo al sector eléctrico dominicano o ampliar la participación privada, es posible presumir que se refiere a las siguientes tres posibilidades: 1)Que se vendan al sector privado las tres empresas distribuidoras, actualmente propiedad pública y, también, las acciones que tiene el Estado, el 50% en cada caso, en las generadoras EGEHAINA y EGEITABO; 2) privatizar también la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa Generadora Hidroeléctrica (EGEHID); 3)que una nueva reforma incluya la creación de empresas privadas integradas verticalmente, propietarias y operadoras de todas las etapas de la industria (generación, transmisión, distribución y cobro) en tres grandes regiones. Estas grandes empresas regionales funcionarían como monopolios privados regulados por el Estado.

Ahora bien, la lección aprendida hasta la fecha, luego de la ola de privatizaciones en todo el mundo durante los 90, indica que el funcionamiento sostenible en términos financieros, de calidad y cobertura del servicio eléctrico requiere prestar cuidadosa atención a aspectos prácticos de diseño y regulación del nuevo mercado que son, en ocasiones, más importantes que la naturaleza del propietario.

Por lo menos en naciones como la Republica Dominicana, con marcada debilidad institucional y escasa experiencia en regulación de servicios públicos domiciliarios de redes (como tienen otras naciones con el agua, el gas, la electricidad y la telefonía), los gobiernos han adoptado estrategias pragmáticas a la hora de privatizar.

Por ejemplo, en Chile, Argentina, Gran Bretaña, Brasil y los Estados Unidos, privatizaciones tuvieron que ser reformadas luego, echar decisiones para atrás y reestatizar algunas propiedades.

En nuestro país se hizo la privatización o capitalización de 1999 sin hacer ese tipo de análisis, sin profundizar en los aspectos claves de la arquitectura y diseño de un nuevo mercado eléctrico en manos privadas. La discusión giro solo en torno a cómo eliminar la CDE para detener la hemorragia fiscal que provocaba. El remedio salió peor que la enfermedad.

Lo grave sería que 13 años después sigamos con los mismos argumentos e igual ligereza.