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El dilema eléctrico

La compra e instalación de las dos plantas eléctricas a carbón actualmente en proceso de licitación por la CDEEE significaría, según versiones extraoficiales, una inversión de 2,200 millones de dólares. Un proyecto de esa magnitud tiene tres fuentes de financiamientos posibles, a saber: únicamente capital privado, fondos del Estado o capital mixto publico – privado. Considerando los requerimientos de inversión del Estado en otras áreas de suma necesidad para la población, lo lógico sería que el Gobierno procurase que la instalación de esas plantas la hiciese el sector privado.

Ahora bien, el problema consiste en cómo conseguir el financiamiento de esos 2,200 millones de dólares.
Sea el Estado o empresarios privados, comoquiera habría que acudir a la banca internacional para conseguir algún préstamo, y las tasas de interés y las garantías correspondientes dependerán de los riesgos específicos del mercado en que operaran las plantas, que no es otro que nuestro lánguido servicio eléctrico. Entonces, es muy poco probable que al Estado le aprueben tan elevada suma de dólares dizque para ser pagada con los cobros de las botarates e insolventes Edesur, Edeeste y Edenorte.

Y, de igual manera, el sector privado solo llegaría hasta ese monto de inversiones si se le garantiza la venta de su energía en base a contratos tipo Cogentrix o en un mercado liberalizado, sin contratos, en el cual casi toda la energía se vendería en el gran mercado spot que podría resultar del vencimiento de los contratos del Acuerdo de Madrid, en el 2016), en ese caso venderían a un precio muy por encima de sus costos de producción. Cualquiera de esas dos opciones serian beneficiosas para los propietarios de las plantas, pero perjudiciales para el país.
Por esas razones, las plantas chinas, árabes, canadiense, colombianas, mexicanas y coreanas anunciadas por Radhames Segura y Celso Marranzini nunca se instalaron.

Un financiamiento a crédito de 2,200 millones de dólares solo se conseguiría con garantía soberana del Estado. Parece que el presidente Medina no quiera aceptar esa incomoda condición y quizás por eso la licitación de las dos plantas a penas se mueve.

POR: Antonio Almonte

Sudelka Garcia

Periodista de El Nacional Digital