Diálogo

El cierre de negocios no debería emplearse como medio para obligar al Gobierno a revocar su disposición de instalar impresoras fiscales en establecimientos comerciales, porque se ofrece la impresión de que los gestores de esos paros se oponen al manejo transparente del Impuesto a las Trasferencias de Bienes Industrializados y de Servicios (Itbis).

El sector comercial dispone de suficientes argumentos para probar que no les corresponde costear la instalación de esos aparatos de control fiscal porque sus establecimientos se limitan a servir como agentes de retención de ese tributo.

Es la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la que debería proveer al comercio del instrumental que garantice control y transparencia en la gestión de recaudación del Itbis, toda vez que los comerciantes no cobran comisiones por esa gestión.
No resulta justo que el dueño de un negocio grande o mediano se obligue a invertir entre 150 a 300 mil pesos para proveerse de una impresora que en definitiva beneficia a la autoridad recaudadora, aun cuando se sabe que la elusión fiscal constituye una infracción criminal.

Los convocantes al cierre de comercio no deberían enarbolar el reclamo de no aplicación del incremento del Itbis sobre artículos básicos, porque se sabe que el único motivo que genera esa iniciativa es el de impedir la instalación en los negocios de las impresoras fiscales.
Se reconoce el derecho de la DGII de tratar de impedir por medios electrónicos que comerciantes inescrupulosos incurran en elusión fiscal al no traspasar el importe total del Itbis retenido, pero es injusto pretender que se cargue a esos establecimientos el costo de esos aparatos.

El recurso de huelgas o paros no resulta válido, si lo que se reclama es violar la ley, pero es obvio que el Gobierno tiene que procurar formas que garanticen que ese mecanismo recaudador no afecte el desenvolvimiento de las actividades comerciales.
Autoridades y gremios de comerciantes deberían ejercitar el más amplio, franco y fructífero diálogo, en el entendido de que los impuestos que tributan consumidores y usuarios deben llegar íntegros a las arcas del Estado y que corresponde a las autoridades costear el instrumental que garantiza transparencia en el manejo del Itbis.