El aporte más trascendente que a la democracia del continente pudo ofrecer la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que concluye este miércoles en Santo Domingo, fue hecho al margen de las sesiones de trabajo del organismo, por los cancilleres de Estados Unidos y Venezuela, quienes acordaron un diálogo de alto nivel en procura de concertar una solución a la crisis política que abate a la nación sudamericana.

Durante una reunión, el secretario de Estado, John Kerry, y la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, acordaron que los gobiernos de Barack Obama y de Nicolás Maduro busquen, de manera directa y sin intermediarios, posibles vías de concertación que ayuden a poner fin a un conflicto político que tiene a Venezuela al borde del precipicio económico y social.

El tema de la crisis venezolana no figuró en la agenda oficial de la Asamblea de la OEA, aunque el secretario general, Luis Almagro, adelantó que en otra reunión en Washington el organismo tratará sobre su iniciativa para que se invoque la Carta Democrática Continental, una forma de intervención que forzaría la destitución del presidente Maduro.

Ese tipo de abordaje tendría una negativa repercusión política sobre el resto del continente, en razón de que reactiva viejas fórmulas imperiales usadas para imponer agendas foráneas en países de Latinoamérica, cuyos gobiernos y pueblos no aceptarían que se conculquen sus fueros soberanos, consustanciales al derecho a la autodeterminación.

El contenido del discurso pronunciado por Kerry ante la sesión de la OEA, en el que abordó el tema de la crisis venezolana, fue casi idéntico al planteamiento de corte intervencionista promovido por Almagro, por lo que resulta más productivo y digno que Venezuela y Estados Unidos discutan de manera directa todo lo relacionado a esa problemática, sin la presencia de ningún mensajero.

Los 34 cancilleres del continente acordaron diversas resoluciones sobre asuntos definidos como importantes para la región, pero las vías de abordaje o solución a la crisis política, social y económica que afecta a Venezuela, corresponde a los venezolanos y no a ningún poder extranjero, que sólo debe limitarse, siempre, a promover diálogo y concertación.

En vez de un Almagro en el papel de promotor de una intervención de tipo jurídica para producir un desenlace previamente concertado, lo mejor sería que Caracas y Washington diriman por vías diplomáticas sus diferendos, en el entendido de que la última palabra corresponde al pueblo venezolano.

Al secretario Almagro, contrario a insistir en aplicar nuevas formas de intervención y degradación de la soberanía de nuestros países, le corresponde promover mediante resolución que la OEA pida perdón por prohijar y tratar de legitimar la grosera intervención militar de Estados Unidos contra República Dominicana el 28 de abril de 1965, tal como reclamó el presidente Danilo Medina.