El Nacional
El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud dijo hoy que el vicepresidente de la República no puede estar por encima de la ley, en referencia a declaraciones del doctor Rafael Alburquerque de que las ARS deberán atender a los lesionados en accidentes de tránsito con sus propios recursos y no con un subsidio extraordinario del Gobierno, como ha venido ocurriendo desde la implementación del Seguro Familiar de Salud.

El licenciado José Manuel Vargas Quintana, al ser cuestionado sobre las afirmaciones de Alburquerque, dijo que el señor vicepresidente no puede estar por encima de la ley, él debe ser el principal o el segundo interesado en que se cumpla la ley.

El artículo 119 de la Ley 87-01 expresa textual y taxativamente que los lesionados como consecuencia de los accidentes de tránsito no están amparados por las Ley de Seguridad Social y el Seguro Familiar de Salud, enfatizó.

Dijo que la posición de la entidad que preside es eminentemente legalista en ese sentido y si no hay los 12.50 que se pagan actualmente, no habrá cobertura a partir del primero de enero.

Vargas se refirió a los 12.50 pesos por afiliado al seguro familiar de salud que el Gobierno ha aportado mensualmente durante el primer año de vigencia del mismo, para cubrir las lesiones que sufran los afiliados en accidentes de tránsito.

Ese pago fue dispuesto por la resolución no.165-04 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que indicó que para amparar a los lesionados en los accidentes de tránsito el Estado Dominicano asignó una partida de 12.50 pesos por cada afiliado, estableciendo además que ese pago sería hasta el 31 de diciembre de este año.

Ayer el doctor Alburquerque afirmó que las administradoras de riesgo de salud han tenido excedentes y pingüe beneficios, razón por la cual el gobierno no tiene que seguir aportando recursos para cubrir los gastos de las personas afectadas en accidentes de tránsito.

Recordó que al inicio del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, el gobierno acordó conceder 25 millones de pesos mensualmente al Fondo de Accidentes de Tránsito (Fonamat), porque se ignoraba si sería financieramente sostenible, y que esa duda constituyó el alegato de las administradoras de riesgo de salud, pero al cabo de un año de que entrara en vigor el sistema, se ha demostrado que ellos pueden cubrir el servicio a los pacientes por accidentes.