SAN JUAN DE LA MAGUANA.- La doctora María Elena Quevedo, juez que presidió el tribunal colegiado que juzgó al ex banquero Leonel Almonte, denunció ayer que recibió presiones, chantajes manipulaciones y amenazas de una autoridad superior que se había propuesto sacarla del cargo.

Sin embargo, la doctora Quevedo no identificó a esa autoridad superior.

Dijo que esa denuncia también la hizo en una reunión encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Sunero Isa, y en presencia del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, doctor Manuel Antonio Ramírez Susaña.

A mi no es posible comprarme, ni llenarme los ojos con residencias lujosas, automóviles caros, francachelas y ascensos. Soy una jueza garantista que se debe a la ley y a lo único que aspiro es a cumplir con mi deber, sostuvo la magistrada Quevedo en un documento que distribuyò entre los medios de comunicación.

Declaró que cuando fue designada juez de primera instancia del Distrito Judicial de Elías Piña, el 4 de mayo de 1998, se hizo la promesa de combatir el narcotráfico, el tráfico de influencias y a los superiores fariseos.

Reitero, ni me vendo, ni me doblo, ni me arrodillo, ni me dejo chantajear. Proclamo que soy una magistrado idónea, dijo la jueza Quevedo.

Al respecto, los doctores Marino Féliz y Manuel García, abogados del ex banquero Almonte, dijeron que es extraño y sorprendente que ante una denuncia pública tan responsable y alarmante, hasta la fecha la Suprema Corte de Justicia no haya dispuesto una investigación.

Consideraron que la denuncia de la magistrada debe ser investigada y ella interrogada para que diga quién la presionó y la amenazó, para de esa forma establecer responsabilidad y sancionar el hecho.

Precisaron que el hecho prueba un contubernio incalificable entre el presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, doctor Ramírez Susaña, y quienes se han querellado contra Almonte.

Declararon que en una decisión que ha sido muy criticada por juristas de San Juan de la Maguana, la magistrada Quevedo fue sustituida por el doctor Ernesto Ramírez Méndez, quien siendo juez liquidador del proceso que se le sigue a Almonte le negó la libertad bajo fianza.

En esa oprtunidad expresó textualmente en su sentencia que negaba la libertad atendiendo al quantum de la pena máxima que pudiera eventualmente imponérsele.

Los abogados de Almonte declararon que el juez Ramírez Méndez está legalmente inhabilitado para juzgar a su cliente, debido a que fue juez liquidador en el mismo proceso, y porque además está prejuiciado.