El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) dijo ayer que la presión junto a otras entidades que integran la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática con el objetivo de que el Gobierno afiance los mecanismos de cumplimiento de las leyes vigentes, busca mantener la estabilidad económica, un nivel adecuado de riesgo país y el clima de negocios.

Rafael Blanco Canto indicó que la defensa que hacen al respeto a la institucionalidad, dentro de la democracia representativa, es con el objetivo de preservar las libertades y derechos democráticos de la población.

Este planteamiento parte de la premisa de que a su juicio, los empresarios han entendido que su responsabilidad con el país va a más allá del manejo de sus negocios.
En tal sentido citó que la institucionalidad es la obligación de hacer cumplir las leyes por parte de las autoridades y los ciudadanos, para preservar la democracia.
Enfatizó que vulnerar los derechos democráticos afecta la paz social y esta a su vez, es tomada en consideración por los mercados internacionales a la hora de evaluar el riesgo país que existe en República Dominicana.

Dijo que el riesgo país no es más que el nivel de pago de intereses que se cobra a República Dominicana a la hora de tomar un préstamo. El respeto a la institucionalidad y el clima político vigente son ahora parte sustancial de los parámetros utilizados para determinar el riesgo país.

Explicó que la defensa que hacen del medio ambiente se debe a que no existe la posibilidad de desarrollar proyectos económicos con un medio ambiente deteriorado.
De igual modo, opinó que un deterioro de la paz social afecta el clima de negocios.
Por ello, la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática ve su accionar como parte de la defensa de los derechos de la ciudadanía, garantizados por la Constitución de la República y exige el cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

El presidente del Conep hizo sus planteamientos al participar en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, donde participaron además Amelia Vicini, integrante de la directiva de la Cámara Americana de Comercio; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Roque Féliz, director ejecutivo del Centro Bonó; Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo y Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del Conep.
Derechos

En su intervención, el doctor Castaños Guzmán se refirió ampliamente a los cambios a favor de la vigencia de mecanismos de control ciudadano a las ejecutorias de los funcionarios elegidos por sufragio, vigentes en la Constitución.

Estos, dijo, son los que permiten que se realicen coaliciones como la actual.
Coincidió con los demás participantes en que no se busca una sustitución de los organismos institucionales que deben tomar decisiones, sino que esas decisiones se adopten de acuerdo al interés de la ciudadanía y respetando su opinión, como lo establece en la Constitución.

La actual demanda está relacionada con el vencimiento de los plazos de permanencia de los integrantes de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y las denominadas altas cortes, que deben ser electos de aquí a finales de este año.