El movimiento Participación Ciudadana acusó este jueves al presidente Danilo Medina de permitir que en su gobierno se violen, no se apliquen y se desconozcan instrumentos legales normativos, para que los funcionarios públicos declaren su patrimonio antes del ejercicio de sus funciones y después de terminar.

El sociólogo Cándido Mercedes, coordinador general de la entidad, dijo que tal acción propicia la opacidad y, por ende, la corrupción.

Enfatizó que no olvida que “en el mes de agosto del año 2012, el presidente Medina aprobó el Código de Pautas Éticas, que en su Artículo 6 letras a y b señalan: a) Presentar mi declaración jurada de bienes a más tardar a los 30 días de asumir el cargo y a demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones, o a requerimiento de una autoridad competente; b) Presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios, así como las exigencias que se me requieran con esa finalidad”.

Recordó que el decreto 486-12 del 22 de agosto, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en sus artículos 30 y 31 establecen: Realizar el seguimiento y coordinar el envío a la Tesorería Nacional o a la institución que corresponda, por parte de los funcionarios gubernamentales obligados por ley a presentar Declaración Jurada de Bienes.