La JCE, en lo que no es una necesidad exclusiva suya, sino que se extiende a casi la totalidad de la institucionalidad dominicana, precisa ser redimensionada, para convertirla en una constructora efectiva y eficiente de democracia.

Debe trascender la simple organización de procesos electorales. Convertirse en un árbitro cotidiano, que propicie un escenario electoral equitativo, donde los actores del sistema concurran en igualdad de condiciones. Ese es el primer deber de todo organizador, asegurar que los eventos se realicen bajo premisas que no impliquen privilegios para ningún actor.

Es inconcebible que el Organismo Constitucional no haya hecho uso intensivo de su prerrogativa de iniciativa legislativa, haciéndose, por ello, compromisario de deficiencias de las legislaciones que rigen la materia de su competencia.

¿Qué ha impedido que la JCE no se haya propuesto estimular la codificación de la legislación electoral dominicana y evitar la dispersión, ambigüedades y contradicciones que existen en la actualidad? Es cierto que la solución definitiva de los múltiples problemas que se han presentado no va a lograrse solo a partir de las leyes, pero las insuficiencias de estas los agravan.

La entidad electoral debe ser protagonista en la consecución de que se acorte el tiempo en que se pueda aplicar la paridad de género en las candidaturas a cargos electivos y que se tome como base para establecerla la jurisdicción nacional. ¿Qué más deben hacer las mujeres para demostrar que están aptas para participar en igualdad de condiciones junto a los hombres?

No se justifica que, lejos de hacer avanzar todo lo concerniente al registro civil y la cedulación, la institución haya permitido un evidente deterioro, no solo de sus instalaciones físicas, sino lo que es más grave, en el servicio ofrecido a los usuarios. El funcionamiento de las juntas electorales, las oficialías y los centros de cedulación, deja demasiado que desear.

La JCE, pese a su papel fundamental en la consolidación de la democracia y la ampliación del ejercicio de los derechos políticos, ha estado marginada de la ciudadanía, que es y debe ser su aliada fundamental.

Urge impulsar un pacto político social interinstitucional bajo el liderazgo de la JCE, donde concurran Congreso, Poder Ejecutivo, partidos políticos y sectores representativos de la sociedad para que, entre todos, edifiquen las bases sobre las cuales habrá de erigirse un nuevo sistema político partidario electoral, capaz de ensanchar la participación y deje de ser coto vedadopara segmentos poblacionales mayoritarios.

Por: Pedro P. Yermenos Forastieri

pyermenos@yermenos-sanch