La Junta Central Electoral (JCE) dispuso la distribución de $900 millones del presupuesto nacional para financiar a 41 partidos, agrupaciones y movimientos políticos en lo que resta de 2025 y dar cumplimiento a sentencia del Tribunal Constitucional sobre el cálculo de votos en las últimas elecciones, ubicación en boleta electoral y asignación de financiamiento público.

Para un año no electoral, debe preocupar y alarmar a la ciudadanía la distribución de esa suma: $600 millones (80%) a los tres partidos mayoritarios, $180 (12%) a los cinco siguientes y $120 (8%) para el resto, 33 organizaciones.

Solo PRM manejará $276 millones en seis meses; FP y PLD, $162, cada uno; y el PRD, PRSC, DxC, PP y BIS, se repartirán en proporción otros $180, lo que vislumbra que “la clientela política” recibirá una especie de ración de boa para mantener un activismo que, por ahora, es extemporáneo e ilegal.

Este financiamiento público a tantas asociaciones partidistas, algunas que se han mantenido parasitando como aliadas de las entidades mayoritarias para conservar su “reconocimiento” y recibir parte del pastel económico, obliga a ejercer presión para que la malsana práctica sea corregida, sino eliminada.

Con tantas necesidades ciudadanas insatisfechas en áreas de salud, educación y vivienda, evidenciadas en demandas comunitarias por la deuda gubernamental acumulada, es un contrasentido admitir que la legalidad de la distribución de recursos se imponga a la justicia, así como a prioridades lógicas.

Mientras los legisladores sean jueces y partes, es decir, que ellos hacen la ley y la acomodan a conveniencias, coyunturas e intereses particulares, no crecerá el sistema político y la democracia seguirá cargada de imperfecciones y vicios que la asemejan a una caricatura, quizás sátira de la novela macondiana.