Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 se escenificaron disturbios, saqueos y destrucción de propiedades privadas y públicas. En el fondo hubo motivos para protestas, por las alzas exorbitantes de los productos de la canasta, como consecuencia del acuerdo que suscribió el gobierno de Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nunca se pueden justificar son los actos vandálicos y menos las ilícitas pretensiones políticas ocultas.

El país vivía momentos difíciles, por la caída de los precios de los productos de exportación y el alza del petróleo en el mercado exterior, lo que contribuía a agrandar déficit en la balanza de pagos. El Gobierno no disponía de recursos siquiera para pagar los intereses de la deuda externa y ciertos organismos multilaterales se negaban a la renegociación.

El único que aceptó fue el FMI y lo hizo imponiendo condiciones que resultaron desventajosas para el país.

Jorge Blanco actuó de forma responsable, aunque no concienció a la población sobre la situación del país. Además, las protestas pudieron disuadirse sin la necesidad de matar a más de 125 personas, conforme a reseñas periodísticas.

Las fuerzas militares se excedieron, lo que se estila en este tipo de protestas es el uso de camiones cisternas y, en caso necesario, bombas lacrimógenas, las cuales emiten gases químicos e irritan los ojos y afectan la respiración de los revoltosos, para inhabilitarlos momentáneamente.

Jorge Blanco fue un defensor de los derechos humanos durante su ejercicio de abogado. Algunos no descartan el ocasionarle daños políticos con la forma en que se reprimieron las manifestaciones. Meses después Ramiro Matos, ministro de las Fuerzas Armadas, fue reemplazado por Manuel Antonio Cuervo Gómez.

Hay que admitir que había razones para el disgusto, pero lo que más lejos tenía un porcentaje de la gente que protestaba es que estaba siendo utilizada por manos políticas ocultas. Joaquín Balaguer, Marino Vinicio Castillo y Juan Bosch, se venían reuniendo regularmente.

Vincho aprobaba el golpe de Estado, Bosch expresaba que había que salir del PRD, mientras Balaguer observaba con cautela, considerando que en dos años se celebrarían elecciones y en la presidencia de la JCE se había designado a Caonabo Fernández Naranjo, que gozaba del afecto del caudillo reformista. De todos modos, los tres líderes políticos, llegaron a celebrar conjuntamente conferencias de prensa.

De manera simultánea se sostenían reuniones clandestinas de militares retirados y activos, en las que participó un historiador del PLD, siempre a la espera de la línea que bajarían los líderes opositores. Sin embargo, no hubo consenso entre Balaguer, Bosch y Vincho Castillo.

Consultaron a Jacobo Majluta, quien era senador del Distrito Nacional y enemistado con Peña Gómez y Jorge Blanco, pero su respuesta fue que él estaría dispuesto a encabezar un gobierno provisional hasta las elecciones pautadas para el 16 de mayo de 1986.

Pero Bosch no quería saber de Jacobo Majluta. Lo calificó de comerciante y se negó a reunirse con él. El efímero movimiento conspirativo empezó a perder fuerza. El Partido Reformista contaba con 11 senadores y 43 diputados, mientras el PLD apenas tenía 7 diputados y ni un senador. Vincho Castillo no tenía legisladores.

Con el paso de los meses Jorge Blanco fue sorteando la crisis, al punto de bajar la tasa de cambio, hasta dejarla en 2.80 al momento de entregar el poder en agosto de 1986. Todo este relato viene a colación por el Proyecto de ley de Reforma Fiscal.