El incendio en Duquesa y otros vertederos ha trascendido el intercambio de acusaciones entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) con la demanda de que se rinda cuentas sobre 2,500 millones de pesos destinados desde 2017 a la fecha para el programa Dominicana Limpia. Además de la necesidad de determinar el origen de los siniestros y establecer responsabilidades en los casos en que se compruebe la participación de manos criminales, el Gobierno ha debido informar, sin que nadie tenga que pedírselo, sobre los fondos asignados para avanzar en la solución de la disposición final de la basura. Al hacer la solicitud el PRM quiere que se explique no solo cómo se ha ejecutado el presupuesto, sino los logros del programa. Al margen de que se trate de un mandato constitucional la rendición de cuentas debería ser lo normal. La organización cuestiona la política ambiental del Gobierno al señalar que los vertederos de cielo abierto, como Duquesa, Rafey, Baitoa, Moca, Haina y San Luis, han sido escenarios de frecuentes incendios. Sobra reconocer que el problema ambiental representa una grave amenaza para la población. Antes que responder con acusaciones las autoridades deberían explicar, si es que no lo han hecho, el uso dado a los recursos asignados para Dominicana Limpia. Después de todo, la población tiene derecho a saber cómo se gastan sus contribuciones. Si lo ha hecho, entonces el PRM quedaría evidenciado como desinformado en reclamaciones con el propósito de ganar capital político.

