La privatización en el suministro de alimentos a reclusos de diferentes cárceles del viejo y del nuevo modelo penitenciario no ha sido el resultado de algún estudio sobre eficiencia o deficiencia del servicio, sino porque la deuda con la entidad oficial que suplía esos alimentos superó los mil millones de pesos.

Los Comedores Económicos del Estado ofrecieron ese servicio durante más de 30 años, pero la Procuraduría General de la República informó que contrató por un monto de 280 millones de pesos a ocho empresas privadas que suministrarán alimentos por un año a diversos recintos penitenciarios.

El procurador Francisco Domínguez Brito justifica la privatización de la alimentación de reclusos bajo el argumento de que los Comedores Económicos suspendieron el servicio en 2013, pero sería prudente aclarar que esa decisión estuvo motivada por una deuda acumulada de mil 38 millones de pesos.

La calidad de los alimentos crudos o procesados que se consumen en las cárceles no se garantiza solo con su privatización, porque si así fuera, ningún estudiante sufriría de intoxicación por los alimentos que suministra el programa del Desayuno Escolar.

Llama la atención que el contrato con las empresas que suministrarán alimentos a las cárceles tenga duración solo de un año, lo que crea conjetura de que se trata de una medida para salir del paso o para poner a prueba a esos suplidores.

Es de justicia decir que la “inestabilidad y desasosiego” que provocaron la reducción o suspensión en el suministro de alimentos a las cárceles por parte de los Comedores Económicos, tuvieron su origen en la falta de pago por ese servicio.

Se requiere que las autoridades expliquen por qué se ofrece seguridades a suplidores privados de que recibirán en tiempo prometido el pago de 280 millones de pesos, promesa que no se cumplió con los Comedores Económicos. ¿Por qué a unos sí y al otro no?

Sin pretender objetar la contratación de empresas privadas para suplir alimentos en las cárceles, lo que se reclama es que el procurador general explique las razones por las que se despojó a una entidad del Estado de ese contrato, que parece ser la de no poder o no querer pagarle una deuda de más de mil millones de pesos.