No ha debido ser tan categórico en su afirmación de que no permitirá abrir los establecimientos cerrados por vender alcohol adulterado.
De emitirse una sentencia a favor de cualquier establecimiento clausurado se supone que está obligado a acatarla o exponerse a las consecuencias. Saludable su protección a la salud, pero la autoridad no está por encima de la ley.
El Nacional
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