Editorial

Los papeles

Los papeles de Panamá representan más de once millones de documentos filtrados desde un consorcio de abogados, referidos a la constitución de más de 210 mil empresas, o fundaciones que operan en paraísos fiscales, con el involucramiento de empresarios, políticos y funcionarios de todo el mundo.

El bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede principal en Ciudad de Panamá y filiales en 35 países, opera desde 1977, en la creación de sociedades “offshore”, que movilizan capitales y utilidades hacia territorios exentos de impuestos, además de reservar las identidades de los accionistas.

Entre las características de ese tipo de sociedades se resaltan que no operan económicamente en el país donde se domicilien, su directorio se mantiene en estricta confidencialidad y que no se ofrece información acerca de sus actividades.

Es claro que este tipo de actividad financiera o empresarial procura básicamente evadir el pago de impuestos sobre utilidades, que en algunos países de Europa alcanza hasta el 60 por ciento, pero también para ocultar capitales de políticos o funcionarios en todo el mundo o para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

La constitución de una sociedad “offshore” no constituye un delito, como tampoco el refugio de capitales en mentados paraísos fiscales, pero se viola la ley si la intención es básicamente evadir impuestos en la jurisdicción tributaria de origen o blanquear dinero sucio.

Esos papeles filtrados desde la oficina Mossack Fonseca involucran a 14 mil bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios, así como a 210 mil empresas, y entre los diez países o territorios con mayor afectación figuran Hong Kong, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos.

En una economía con tan elevada evasión o elusión de impuestos, como la dominicana, no hay por qué rasgarse las vestiduras ante un escándalo mundial de naturaleza financiera cuyas raíces parecen provenir de un pugilato entre grandes economías, aunque sería saludable determinar si en esos legajos figuran casos de violación a la ley penal.

El Ministerio Público está compelido a indagar en los papales de Panamá posibles casos de evasión fiscal o lavado de activos, sin incurrir en superficiales espectacularidades ni prejuicios. Simplemente debe cumplirse con el debido proceso y aplicar la ley, su fuera justo y necesario.