Como manda la ley.-

A la Junta Central Electoral (JCE) le corresponde, como lo ha hecho, contar todos los votos emitidos durante las votaciones del domingo y hacer constar los resultados en actas firmadas por autoridades y delegados políticos en todos los colegios electorales. Así lo establece la ley.

Los partidos y candidatos tienen vías legales disponibles para la presentación de cualquier demanda o reclamo relacionado con el proceso electoral, así como instancias mayores donde recurrir sentencias o resoluciones emitidas por jurisdicciones de primer grado.

Lo que no figura en ningún apartado constitucional o de ley adjetiva es el desenfreno, sin importar cuan justo pueda ser el alegato, porque como proclamó la misión de la OEA: “No hay lugar para la violencia en la democracia”.

La dirigencia de los partidos políticos está compelida, como han señalado obispos y pastores, a permitir que la JCE concluya el conteo de votos, así como a respetar sus resultados.

Los casi cinco millones de dominicanos que ejercieron libremente el sufragio, y la sociedad toda, no merecen que la clase política genere una crisis postelectoral atisbada por una gran dosis de insensatez e incomprensión que causa un daño mayor a la voluntad popular que se afirma defender.

Al comenzar la semana laboral, la JCE habrá concluido el conteo de votos, por lo que quedarían los casos contenciosos relacionados con candidaturas congresuales y municipales, todos los cuales deben resolverse en base a la ley y a la expresa voluntad de los electores.

Los partidos minoritarios, muy activos en denunciar fraude electoral, deberían apartar algo de tiempo para reflexionar sobre su pobre desempeño en las elecciones, porque la culpa de tan escasa votación no debería recaer exclusivamente en las irregularidades que con o sin razón se mencionan.

Ya es tiempo de advertir a todos los intervinientes en el proceso electoral que la gobernabilidad ni el orden institucional pueden correr ningún tipo de peligro relacionado con querellas o reclamos que deben resolver las autoridades electorales, como manda la ley.