Editorial

 Paños tibios.-

Con la espiral de la delincuencia en preocupante expansión, el jefe de la Policía anunció la incorporación de cincuenta unidades motorizadas para reforzar el patrullaje preventivo en el Gran Santo Domingo y la apertura de centros de recepción de denuncias en plazas comerciales.

Sin pretender desalentar esas medidas de prevención, pueden compararse con algún esfuerzo por eliminar la fiera con una pluma de codorniz, porque la criminalidad afecta hoy a casi todos los cuadrantes del territorio nacional.

El general Nelson Peguero Paredes refirió también la inclusión de investigadores policiales en labores de patrullaje y la habilitación de un dispositivo para que la ciudadanía pueda tramitar denuncias a través de teléfonos móviles. Imposible llenar de agua un balde agujereado.

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, han expresado preocupación ante la frecuencia de asaltos, lo que indica que el deterioro de la inseguridad ciudadana desborda ya los límites del propio Ministerio Público.

La magistrada Reynoso ha llamado la atención por la cantidad de policías que participan en atracos, lo que obliga a abordar el dilema de que delincuentes sean insertados en labor de patrullaje para perseguir a delincuentes.

Las medidas de prevención de delincuencia y criminalidad anunciadas por el jefe de la Policía resultan insuficientes, aisladas y no tendrían efectos siquiera de calmante social porque, como se ha repetido tantas veces, la expansión de un cáncer no se combate con analgésicos.

Es evidente que no hay suficiente conexión entre Policía y Ministerio Público, porque si hubiese una efectiva labor de coordinación entre ambas instituciones, la fiscal ni el procurador produjeran juicios tan desalentadores sobre la inseguridad ciudadana.

No hay tiempo ni espacio para paños tibios ante una creciente delincuencia que obliga a los ciudadanos a usar sus hogares como cárceles preventivas. Lo que se reclama son medidas de profilaxis mayores que reflejen voluntad política del Gobierno, Policía, Ministerio Público y orden judicial de combatir la criminalidad en todos sus niveles.