“El artitismo”.-

El enfrentamiento entre la procuradora adjunta, Laura Guerrero Pelletier, y la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reinoso, en torno a un caso de investigación penal, envía ominosa señal de que el Ministerio Público carece de unidad estructural y de que sus funcionarios manejan agendas propias o convenientes.

La magistrada Guerrero, en su calidad de titular de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), condujo la investigación sobre un posible caso de prevaricación en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE).

Conforme a las pruebas o evidencias constatadas se levantaron cargos contra implicados en ese expediente y se desestimaron acusaciones contra otros, en torno a los cuales esa oficina del Ministerio Publico no pudo recolectar fardo probatorio.

Sorprendentemente, la magistrada Reynoso declaró a la prensa que la Fiscalía conduce una investigación paralela de uno de los implicados descartado del caso OISOE, de quien dijo ha reunido pruebas que comprometen su responsabilidad penal.

La fiscal dijo que está abierta la investigación contra ese procesado que fue liberado de responsabilidad por la Pepca y que espera que la procuradora Guerrero le remita “la parte que tiene para unificarla”, lo que quiere decir que el Ministerio Público realiza dos procesos paralelos sobre un mismo caso y un mismo justiciable.

Se podría alegar que la Fiscalía indaga un posible ilícito penal de naturaleza distinta al manejado por la Pepca, pero el posible infractor es el mismo exfuncionario público que investigó la procuradora adjunta, por lo que todo lo relacionado con ese caso debió ser remitido a la jurisdicción del Ministerio Público que llevaba ese expediente.

Conforme a la ley, el Ministerio Público es único e indivisible, por lo que todos los procuradores, fiscales y fiscalizadores actúan en calidad de un solo cuerpo, cuestión que no parecen entender muchos funcionarios judiciales.

Resulta altamente bochornoso que el ente público encargado de prevenir, investigar y procesar ilícitos penales, y garante de los derechos de los procesados, proyecte una penosa imagen circense, donde “el artitismo” tiene un rango mayor que la Constitución de la República.