Misma cantaleta –

Con toda razón, República Dominicana ha expresado queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el trato diferenciado que le dispensa ese organismo comparado con otros países que enfrentan situaciones similares.

Durante siete audiencias, el gobierno dominicano ha expuesto argumentos de hecho y de derecho para rebatir acusaciones formuladas por organizaciones innominadas sobre supuesta apatridia o discriminación contra inmigrantes haitianos.

En el seno de esa corte, el caso dominicano parece mantenerse estático o que gira en círculo, pues en cada ocasión se repite lo mismo sin que se pondere las pruebas o evidencia de descargos presentados por los representantes del Gobierno.

En un documento leído por el doctor Flavio Darío Espinal, asesor de la misión dominicana ante la OEA, el Gobierno reprocha que la CIDH reitere criterios y posiciones “como si la realidad fuera estática y da un trato diferente a ese tema cuando se trata de República Dominicana”.

Esa comisión carece de calidad para objetar o impedir que el Estado dominicano fije el alcance de la nacionalidad y disponga por ley control migratorio, porque esas providencias están vinculadas indisolublemente con el ejercicio pleno de la soberanía.

En los casos de denuncia sobre despojo a la nacionalidad dominicana de personas nacidas en territorio nacional, los representantes dominicanos han ofrecido informaciones relevantes sobre acciones de políticas públicas que prueban la voluntad del Gobierno de garantizar los derechos de todos los ciudadanos.

La presidenta de esa Comisión, Rose Marie Belle Antoine, quien convocó de oficio una nueva audiencia para abordar el caso de denuncia sobre apatridia o despojo de nacionalidad, todavía habla de “crisis humanitaria” en República Dominicana, sin ponderar que el Gobierno y el Estado habilitaron mecanismos de leyes sustantivas y adjetivas que consolidan los derechos de dominicanos y extranjeros en situación migratoria irregular.

Esa Corte convocará “de oficio” muchas otras audiencias para conocer de la “crisis humanitaria”, que su presidenta insiste se escenifica en República Dominicana, pero una y mil veces, el Gobierno tiene el compromiso de defender, y en cualquier otro foro, el derecho de ejercer plenamente su soberanía.