EDITORIAL: El interés colectivo

República Dominicana es la suma de más de diez millones de ciudadanos asentados sobre un territorio de 48 mil 442 kilómetros cuadrados, divididos en 31 provincias y un Distrito Nacional, lo que representa una realidad política y jurídica que Gobierno ni poderes públicos pueden soslayar al momento de aplicar grandes o pequeñas decisiones.
Ningún interés personal, grupal o corporativo puede suplantar la voluntad mayoritaria de la población que se expresa a través de canales o vías que la Constitución del Estado coloca en el fuero de cada ciudadano, la más expedita de las cuales es la elección popular a través del voto directo, secreto y personal.
Los funcionarios del Estado actúan por elección directa de los electores, como en los casos del presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores y directores de distritos municipales, o de forma indirecta como jueces de las altas cortes, y de otros organismos autónomos, los cuales deben estar conscientes de que el poder emana exclusivamente del pueblo.
El ordenamiento jurídico dominicano prevé forma de solución o abordaje a todo tipo de controversia en el orden político, económico, civil o penal, así como en situaciones de contradicción en la interpretación del Texto Sustantivo. Solo se requiere que las instancias correspondientes actúen en rol de arbitraje o resolutorio.
Ningún ciudadano por ostentar condición de jefe de Estado, funcionario público, líder político o influyente empresario puede ni debe considerarse por encima de la Constitución y las leyes, aunque tampoco puede ser expuesto a forma de discriminación o intimidación.
En momento cuando la crisis interna del partido oficialista parece desbordarse y anegar el fuero de poderes públicos, es preciso advertir que en cualquier circunstancia jurídica o política, gobernantes y líderes están compelidos a circunscribir sus acciones al protocolo de la ley.
Una sociedad agobiada por las dilatadas querellas internas del PLD, aprecia y merece que la sangre no llegue al río y que la sensatez, el buen juicio y el alto sentido de responsabilidad política sirvan para canalizar algún tipo de resolución a esa indeseable crisis.
El interés de la nación ha de estar siempre, por los siglos de los siglos, por encima de apetencias personales o de grupos, toda vez que la República fue erigida sobre este territorio insular para sobrevivirle a todas las generaciones, sin abdicar a los principios sacramentales de Dios, Patria y Libertad.