EDITORIAL: El otro problema

La Junta Central Electoral (JCE) ha solicitado a los partidos políticos que se pronuncien en torno a la posibilidad de posponer las elecciones presidenciales y congresuales fijadas para el 17 de mayo ante la eventualidad de que el coronavirus impida celebrarlas en la fecha prevista por la Constitución de la República.
Candidatos, organizaciones partidarias e instituciones de la sociedad civil han adelantado la propuesta de postergación para el mes de julio ante los pronósticos de que la pandemia no sería contenida de manera significativa en las seis semanas que restan para ese certamen.
Cerca de 600 mil dominicanos residentes en Estados Unidos y en otros países estarían imposibilitados de sufragar en la fecha prevista en razón de que esas naciones han comunicado a la Cancillería la prohibición al voto presencial para evitar propagación del COVID-19.
Son remotas las posibilidades de que se celebren elecciones en la tercera semana de mayo como indica el Texto Sustantivo, por lo que ya es hora de que la JCE y los partidos políticos asuman ese tema con sentido de oportunidad y responsabilidad, para evitarle al país el surgimiento de una inmerecida crisis política e institucional.
Ya se sabe que fijar una fecha antes o posterior a la señalada en la Constitución, supone un problema jurídico mayor, porque resulta difícil aspirar a convocar a la Asamblea Revisora para fijar un artículo transitorio que señale el día de esas votaciones, además del periodo de campaña electoral.
Se requeriría consultar al Tribunal Constitucional sobre la validez que tendría un acuerdo político respecto a fijar nueva fecha para las elecciones, sin el requisito de que sea refrendada por la Asamblea Revisora, o quizás el liderazgo político tenga suficiente madurez como para darle aquiescencia a una revisión constitucional.
La realidad incontrovertible al día de hoy es que resulta muy remota la posibilidad de que se celebren comicios limpios, libres y participativos el 17 de mayo, por lo que desde ahora hay que explorar consenso sobre una nueva fecha, sin diezmar el derecho de los electores de elegir libremente.
Es verdad que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a contener el covid-19, pero resulta necesario aprovisionar un mínimo de tiempo para abordar un problema derivado de esa pandemia, que pone en peligro a la democracia y a la gobernanza.