El Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley Orgánica de la Policía Nacional, un estatuto jurídico que no tendría mayores efectos sin una clara y decidida voluntad política de los poderes del Estado en el combate contra la delincuencia y la criminalidad.

La ley 590-16 sustituye la figura del jefe de la Policía por el de director general, además de limitar a solo 20 el número de generales y su permanencia en el rango a diez años.

También reduce de 17 a nueve el número de miembros del Consejo Superior Policial e incluye en ese órgano al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, entre otras acciones que procuran modernizar a una institución caracterizada por el militarismo y el exceso de poderes.

Se admite que esa ley contribuye al cambio del actual perfil de la Policía basado esencialmente en la persecución y represión del crimen, por el de una institución que promueva prevención e investigación en un rol de auxiliar del Ministerio Público y orden judicial.

Es mucho lo que hay que hacer para consolidar un cuerpo policial que cumpla con las expectativas de una sociedad hoy atribulada por el auge de los crímenes y delitos. Se requiere en lo inmediato de una depuración en sus filas y de una mejoría sustancial en el paquete laboral de sus miembros.

Para que una policía reformada y depurada pueda ofrecer un mejor desempeño, se requiere que el Gobierno aplique políticas públicas que impacten sobre la juventud y la familia, en generación de empleos y garantía de servicios básicos, como salud, educación, capacitación, vivienda, deporte y recreación.

Si la Policía cambia, la sociedad está compelida a transformarse y avanzar en la dirección a la civilidad, al orden, al respeto de la ley, un camino que debe ser desbrozado por los poderes públicos, clase política, empresariado y sociedad civil.

Esa nueva ley de reforma policial marca el inicio de una nueva era para la institución garante del orden público, pero debe advertirse que ese remedio por sí solo no conjura la dilatada y extendida enfermedad de la delincuencia y criminalidad, porque ese mal ha desbordado la jurisdicción de la sabana.