EDITORIAL: Los ejemplos sobran

La lista de prioridades o de urgencias nacionales ha sido severamente mutilada o trastocada para dar cabida en el debate público a temas subsidiarios manipulados desde influyentes esferas políticas, económicas o gremiales que suelen soslayar el interés común en provecho del suyo. Los ejemplos sobran.
El Gobierno ha inyectado al sector educativo más de 18 mil millones de dólares en los últimos ocho años, equivalentes a 500 millones de pesos diarios, para que apenas un 12% de los alumnos de tercer grado y 4% del sexto curso asimilen el proceso de enseñanza o de razonamiento lógico.
El subsidio destinado a estabilizar la tarifa eléctrica y mantener invariable los precios a los usuarios se eleva al mes de septiembre de este año a 15 mil 611 millones de pesos, una suma exorbitante que parece no llamar la atención del liderazgo nacional.
Miles de millones de pesos y dólares han sido invertidos en construcción, reparación y equipamiento de centros de salud y ciudades hospitalarias, pero autoridades, Colegio Médico y sociedades médicas especializadas halan la cuerda en dirección opuesta, lo que impide a la población poder acceder a un servicio de salud pública incluyente y eficiente.
El sistema de transporte público de pasajeros y de carga consolida su condición de caos controlado por oligopolios empresariales disfrazados de sindicatos, verdaderas fábricas de millonarios a costa de la angustia ciudadana y de pérdidas millonarias causadas a la economía de la nación. Es ese otro tema extraviado en la agenda nacional.
La seguridad ciudadana se ha convertido en cotidiano acto circense al que recurren funcionarios, legisladores, políticos, religiosos, académicos y empresarios, sin que se exprese ningún discurso unificado en la dirección de completar acciones de políticas públicas que ayuden a reducir la delincuencia y criminalidad.
Aquí se ha invertido en construir un complejo de generación eléctrica, para producir el 35% de la electricidad, en un gaseoducto para incorporar al sistema otros 300 megas y en el cambio de la matriz de combustibles para abaratar costos, pero aun así, Gobierno, clase política y empresarios del sector atascan la posibilidad de concertar un pacto eléctrico que libere a la economía de tan elevada carga financiera y a la población de tanta angustia con los apagones.
Estado y Gobierno han invertido miles y miles de millones de pesos y dólares en educación, salud, transporte, electricidad y seguridad ciudadana, pero siempre ha podido más el interés y la ambición que cumplir con el anhelo ciudadano de poder alguna vez acceder o disfrutar de esos derechos inalienables.