EDITORIAL: Reflexión

El principio de presunción de inocencia del imputado o justiciable prevalece hasta que se produzca una sentencia con la condición de la cosa definitivamente juzgada, precepto constitucional que se aplica al caso de denuncia contra un payaso de abusar sexualmente contra menores.
Las autoridades están en obligación de investigar tan grave acusación, a los fines de conferirle méritos probatorios o desestimarla si no recauda evidencias que comprometan la responsabilidad penal de Kelvin Francisco Núñez Morel, (Payaso Kanqui).
El Ministerio Público funge como tutor de los menores, garante de la protección de su integridad física y mental, por lo que el fiscal de Santiago cumple con su deber al procurar recolectar evidencias sobre la posible comisión de un grave ilícito penal perpetrado por pedófilos o pederastas.
Cada vez que se denuncia algún tipo de abuso o agresión sexual contra niños, niñas o adolescentes, es la sociedad a la que primero debe cuestionarse por carecer de suficiente voluntad como para promover la instauración de un sistema de prevención o de garantía de la integridad física y moral de los menores.
A la colectividad no parecen importarle las escandalosas estadísticas que revelan que 25 % de las parturientas que alumbran en maternidades públicas son niñas o adolescentes con edades entre 12 a 17 años, sin que las autoridades adviertan siquiera que el menor carece de discernimiento para consentir sexo con adulto.
El drama de miles de madres prematuras se refleja en desintegración familiar, deserción escolar, violencia intrafamiliar, niños abandonados por sus padres abusadores y cruenta marginalidad social, todo lo cual ha sido provocado por una forma de abuso sexual de un adulto contra una menor.
Para prevenir los execrables actos de pedofilia y pederastia se requiere que padres, tutores, educadores asuman en la escuela y en el entorno familiar una férrea conducta de defensa y acompañamiento del menor ante cualquier asomo de inconducta.
A lo que se aspira es a que el Ministerio Público tipifique como violación cualquier tipo de agresión sexual de un adulto contra un menor de cualquier sexo y que ese tipo de ilícito penal se castigue en los tribunales de manera ejemplar, en el entendido de que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra todo tipo de depredadores sexuales.