El pasado 15 de agosto el ministro de Educación y el de Administración Pública, firmaron la Resolución 17/2024 que aprueba la estructura organizativa del MINERD en nuestro país, degradando la política de género en educación a un Departamento de Equidad de Género, dependiente del Viceministerio de Planificación y Desarrollo.

Mismo la derogación 33-2019, en diciembre de 2022, que establecía como prioridad el diseño y la implementación de la política de género, esta reciente acción, es otra muestra de la falta de voluntad política con la Constitución dominicana en la que, la igualdad, está concebida como un derecho, principio y valor que atañe a todas las personas.

Esta práctica fundamenta la situación de violencia contra las mujeres cuando no importa el fenómeno desde sus raíces y no hay presupuesto para desmontar las prácticas, actitudes y conocimientos que lo producen.

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Sin embargo, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, Planeg III, como política general de 2018 a 2030, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12, dice en el capítulo referido al contexto que, “dada la complejidad del proceso educativo y la multiplicidad de participantes, la transversalización de género deberá concentrarse en cuatro significativas estrategias: los rediseños curriculares; la formación y capacitación docente y administrativa; la participación-articulación de los colectivos familiares y comunitarios sobre la base de los marcos legales e institucionales debidamente correspondientes, junto a la educación no formal: medios artísticos, publicitarios, de comunicación, especialmente, radio y TV”. (Planeg III , pág. 62).