EEUU.- El Gobierno de Estados Unidos dispuso este jueves una revisión exhaustiva de las tarjetas de residencia permanente de todos los migrantes provenientes de países catalogados como “de preocupación”, una medida que surge luego del tiroteo que dejó a dos agentes de la Guardia Nacional gravemente heridos en Washington D. C.

La decisión fue anunciada por Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), quien informó en su cuenta de X que la orden responde a instrucciones directas del presidente Donald Trump.

Edlow indicó que el proceso abarcará todas las green cards emitidas a ciudadanos de esas naciones, aunque no detalló cuáles integran la lista.

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El caso que detonó la medida involucra a Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años señalado como el presunto autor del ataque ocurrido cerca de la Casa Blanca.

De acuerdo con las autoridades, Lakanwal residía en el estado de Washington junto a su esposa y cinco hijos, desde donde se trasladó por carretera antes de abrir fuego contra los agentes Sarah Beckstrom (20 años) y Andrew Wolfe (24), ambos aún en estado crítico.

USCIS ya había suspendido el miércoles las solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán, poco después del mensaje a la nación en el que Trump atribuyó el ingreso del sospechoso a las políticas migratorias de Joe Biden.

El mandatario definió el ataque como “un acto de odio” y prometió aplicar medidas más estrictas para ciudadanos afganos.En junio, Trump había prohibido la entrada al país de ciudadanos de doce naciones —entre ellas Afganistán, Haití, Irán y Somalia— alegando motivos de seguridad, y también impuso restricciones adicionales a otros siete países.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que llegó a Estados Unidos en 2021 mediante el programa Operation Allies Welcome, creado tras la retirada militar estadounidense.

Edlow aseguró que la prioridad del Gobierno es “proteger la seguridad del pueblo estadounidense” y afirmó que el país no asumirá “los costos de políticas de reasentamiento imprudentes”.