Participantes en la dilatada campaña electoral para elegir alcaldes, regidores y directores municipales resaltan sus caravanas, marchas, adhesiones, publicidad, vallas y drones, sin referirse a temas tan trascendentes como el incumplimiento de la ley que asigna a los ayuntamientos el 10% del Presupuesto Nacional.

Los tropeles de simpatizantes de partidos y candidatos, que muchas veces se confunden con los desfiles carnavalescos, deberían ceder espacio en los días que restan al circo para que mansos y cimarrones aborden asuntos tan puntuales enumerar las obras que prometen y sus fuentes de financiamiento.

Hace 21 años que se instituyó la ley 166-03 que fijó en un 8% la participación de los cabildos en los montos totales de los ingresos del Estado pautados en la Ley de Presupuesto General del Estado, lo que subiría al 10% al año siguiente, pero ese estatuto nunca se ha cumplido cabalmente.

En esa ley se estipula que los subsidios, ayudas y subvenciones de todo tipo que obtengan los municipios y distritos municipales no podrán ser aplicados a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgados, salvo los casos de sobrantes no reintegrables, lo que tampoco se cumple.

El gasto de capital ejecutado en los presupuestos generales de los últimos años no han promediado más de un 2% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), clara señal de que los 158 cabildos y los 235 Juntas Municipales reciben caudal insuficiente de recursos para acometer obras que reclaman los munícipes.

Aunque a lo largo de veinte años esa ley ha sido reformulada o reinterpretado su contenido a conveniencia de las instancias oficiales que diseñan la Ley de Gastos Públicos, lo cierto es que la municipalidad sufre trastorno de déficits agravados porque también se estrechan sus ámbitos de fiscalidad.

La mayoría de aspirantes a alcaldes prometen villas y castillas pero son pocos los que han advertidos que sin el cumplimiento de la ley que asigna un 10% del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos, no sería posible que el poder municipal cumpla su cometido de impulsar el desarrollo de las comunidades.

Si no es mucho pedir, partidos y candidatos deberían abrir espacio de debate o de reflexión en torno a la imperiosa necesidad de que el gobierno central cumpla con la ley de financiación a los ayuntamientos, porque no solo con caravanas, marchas, vallas, publicidad y drones se impulsa una campaña electoral de cara a unas elecciones tan complejas y trascendentes como las convocadas para el domingo.