Gobierno, candidatos, partidos y autoridades electorales tienen la ineludible obligación de garantizar que las elecciones a celebrarse dentro de cinco días se conviertan en las más concurridas y en ejemplo de transparencia y pulcritud, sin que ninguno de los actores o intervinientes en el proceso extravíe el juicio.

La población está ya preparada para sufragar el domingo, ejercicio de un derecho inalienable que no puede ser transgredido por ningún tipo de poder o interés, porque la prerrogativa de elegir y ser elegido representa la más elevada garantía de consolidación de la democracia política y la convivencia social.

Los intervinientes en el proceso electoral no pueden arrogarse autoridad para interpretar la ley o pretender imponer por vía extrajudicial normativas relacionadas con la forma de sufragar o de contar los votos o cualquier tipo de protocolo a emplearse antes, durante o después de las votaciones.

Los casos marcados como contenciosos deben ser motivados y presentados por ante las jurisdicciones señaladas por la Constitución, que en el ámbito electoral y de modo ascendente serían las juntas municipales, el pleno de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

Cualquier pedido o reclamo debe elevarse ante la instancia correspondiente y en los plazos señalados por la ley, sin que ningún candidato o partido intente imponer de manera unilateral criterios jurídicos o desconocer resoluciones emanadas de jurisdicciones, que solo pueden ser recurridas mediante vías jurídicas señaladas en la Carta Magna.

El pleno de la JCE debería escuchar los alegatos de candidatos presidenciales sobre la pertinencia de contar los votos manualmente, sin que ese necesario diálogo se interprete como un acto de fuerza o una acción tendente a enrarecer el panorama electoral a pocos días de las votaciones.

La campaña electoral concluirá el viernes con el anhelo ciudadano de que todo transcurra en completa paz y tranquilidad, como ha sido el comportamiento ciudadano a lo largo de todo el proceso comicial, durante el cual se han reportado tres muertes acaecidas en el ámbito de querellas extrapartidarias.

Toda querella o reclamo en el ámbito electoral debería tramitarse a través de las vías jurídicas correspondientes y en los plazos fijados por la ley, en el entendido de que todos los actores estarían conscientes de que apenas restan cinco días para las votaciones y de que nadie debe extraviar el buen juicio.