Faltando apenas siete meses para las elecciones presidenciales del 2012, los magistrados de la Junta Central Electoral no pueden darse el lujo de que un leve conflicto en el Departamento de Cómputos merme la valoración que tiene la sociedad sobre ese tribunal.

Esta es la recta final de un nuevo episodio de la democracia dominicana y tanto partidos políticos como jueces electorales tienen la responsabilidad histórica de no repetir errores del pasado.

El pleno de la JCE tiene la obligación de hablar al país a calzón quitao y sin tapujos sobre las causas reales del problema en el delicado Centro de Cómputos.

El presidente del tribunal, doctor Roberto Rosario, sabe más que nadie que la alta valoración que logró en la sociedad fue resultado de transparentar todas las acciones de la JCE. De modo que ahora es la oportunidad de actuar con similitud.

Este es momento de escuchar el pensar de la sociedad y tomar una decisión sabia y acorde con los intereses del sistema democrático. No es saludable para nadie en este país concurrir a unas elecciones con cuestionamientos sobre el pilar más importante de la JCE. Cómputos.

El momento aconseja prudencia a los organizadores de los comicios, y el magistrado Rosario se enfrenta a su mayor prueba.

Desde la grada podría aconsejar que lo más acertado sería una solución rápida a un problema que realmente existe, y que darle larga podría resultar el remedio peor que la enfermedad.

Cualquier duda en la población sobre la organización de las elecciones o sus resultados, podrían convertirse en la hecatombe, no sólo del proceso sino de sus organizadores.

Esta columna fue el primer escenario donde se planteó al doctor Rosario para presidir la JCE, por lo que creo tener la fuerza moral para pedirle al magistrado prudencia y que ponga sus oídos en la sociedad, porque, al parecer, la salida más viable en el actual conflicto es realizar los cambios que sean necesarios en el Departamento de Cómputos de ese tribunal.

Con la credibilidad de un proceso electoral no se puede jugar.