El Senado ha convertido en ley las modificaciones a varios artículos del Código Procesal Penal (CPP), con lo que se pretende atender reclamos de diferentes sectores de la sociedad para que ese estatuto jurídico sea endurecido en sus previsiones de procesar y castigar con mayor eficiencia la comisión de crímenes y delitos.

Entre las modificaciones más relevantes introducidas a ese código están la ampliación de la pena preventiva hasta dos años de prisión y la prohibición de la conciliación ante violencia intrafamiliar, que en lo adelante serán casos de acción pública y no del ámbito privado.
También se dispone que los casos declarados complejos podrían durar entre 16 a 36 meses y la imposición de prisión preventiva de oficio en hechos cuya pena imponible sea de 20 años o más, además de autorizar allanamientos nocturnos cuando se trate de asuntos relacionados con terrorismo y drogas.

Las modificaciones aprobadas en el Código Procesal Penal procuran endurecer penas preventivas ante casos de violencia familiar y de infracciones relacionadas con delincuencia y criminalidad, aunque se trasladan de acción pública a instancia privada los delitos de invasión de propiedad y falsificación de cheques.

Aunque se despoja a la Policía de la facultad de solicitar, en ausencia del Ministerio Publico, órdenes de allanamiento para el registro de recintos privados, se le otorga potestad para arrestar a una persona sin necesidad de orden judicial cuando tenga en su poder armas o evidencias que hacen presumir la comisión de un crimen o intención de cometerlo.

Se reconoce que las modificaciones introducidas al CPP ayudarán a las autoridades a afrontar mejor las providencias procesales frente a infractores de la ley penal y a disminuir la violencia intrafamiliar, pero sería imprudente sostener el criterio de que el nuevo estatuto tendría efecto de remedio infalible ante la creciente delincuencia y criminalidad.

Para garantizar adecuado clima de seguridad ciudadana, además de modificar los códigos Penal, Procesal Penal, y leyes especiales sobre narcotráfico, porte y tenencia de armas de fuego, entre otras, se requiere también aplicar y profundizar políticas públicas que promuevan inclusión y equidad, lo que debe reflejarse en más y mejor educación, acceso a empleo digno, salud, vivienda y recreación.

Aun así, se recibe la ley de modificación del Código Procesal Penal como un paso significativo en el largo y difícil camino hacia la vigencia y ejecución de una normativa de ley que garantice prevención y castigo y un estadio general de seguridad ciudadana.